La idea de mejorar los incentivos y las infracciones también surge en el debate sobre cómo resolver la problemática develada por la Contraloría.
Alternativas y reformas del sistema se barajan tras develarse que 25.078 funcionarios públicos viajaron fuera de Chile pese a estar con licencia médica entre el 2023 y el 2024.
El informe lapidario de Contraloría arrojó que en ese tiempo se presentaron 35.585 licencias mal utilizadas, lo que llevó a la entidad a emanar recomendaciones. Estas radican en instruir sumarios en las 788 entidades donde se detectó este problema para perseguir las responsabilidades administrativas; remitir información al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para indagar responsabilidades patrimoniales o civiles, y presentar el informe al Ministerio Público para dar eventuales responsabilidades penales. El debate sobre el polémico uso de las licencias ha derivado en una discusión respecto a las deficiencias del sistema. La Asociación de Isapres consideró que los hallazgos de Contraloría “demuestran que el modelo de licencias médicas está agotado y evidencia la necesidad de una completa transformación”, en tanto, “la estructura administrativa de las licencias médicas no está siendo eficaz”. En materia de medidas, Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, en conversación con El Mercurio, apuntó a que se deben “mejorar los incentivos y las infracciones y multas para evitar este mal uso”. Afirmó que debe erigirse “un solo sistema” de licencia médica. “Un organismo absolutamente autónomo, técnico, serio, con estructura, con organización, con financiamiento, con atribuciones, de tal manera que evite que este abuso se siga cometiendo”, indicó Al mismo medio, Pablo Eguiguren, investigador de Libertad y Desarrollo, ve como una solución emanar alertas de la policía civil sobre la salida de personas que estén cursando una licencia. “Cuando la PDI hace controles fronterizos, debería levantar alertas para aquellos RUT que están con licencias médicas en curso. Si bien no se les podría impedir la salida del país, levantaría alertas para los órganos fiscalizadores y podría llevar a que se rechace la licencia médica a las personas involucradas”. Por su parte, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) ya ha señalado que gestiona un convenio con la PDI con el propósito de tener acceso masivo a la plataforma de registro migratorio por pasos fronterizos habilitados para cruces masivos de todo el sector público. A su vez, por esta situación y también en el marco de los compromisos adquiridos en el protocolo de acuerdo de reajuste del sector público 2024-2025, el Ministerio de Hacienda ha conformado el Comité Nacional de Ausentismo. La instancia busca coordinar acciones, establecer lineamientos y promover buenas prácticas orientadas a la prevención y reducción del ausentismo en la administración pública. Con este objetivo es que la cartera ha pedido a cada ministerio designar a un subsecretario de la cartera a cargo de la coordinación y el seguimiento de la implementación de las acciones y sus resultados a nivel ministerial de los comités locales de ausentismo.
Fuente: Emol.com
